Entrevista radio Sonorama

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, mantuvo la mañana de este martes dos entrevistas en las radios Sonorama y Única. En estos espacios, se refirió a las múltiples inconsistencias en la concesión de habeas corpus, en las últimas horas, el Reglamento a la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, el informe de Contraloría sobre el patrimonio de los generales de la Policía Nacional, el problema en los centros penitenciarios del país, entre otras temáticas.

Respecto al habeas corpus, señaló que el Gobierno prevé presentar una denuncia en contra del juez que lo concedió, ante el Consejo de la Judicatura; además, se plantea coordinar con la Fiscalía las acciones legales que proceden, y también, dijo, que se coordinará con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

“Hay muchas irregularidades, este juez ya no tenía jurisdicción, estaba sometido a un auto de llamamiento a juicio, emitió las boletas de manera manual, no las subió el día que corresponde al sistema, hay una cantidad de inconsistencias que ameritarán no solo que la opinión pública las rechace, sino acciones de carácter legal”, sostuvo.

Resaltó que en este tema debe existir objetividad y revisar lo que pasa en el sistema de justicia, en ese contexto resaltó que el presidente de la República ha demostrado ser demócrata.

Reglamento Ley de Uso Progresivo de la Fuerza

En este aspecto, el ministro Carillo destacó el trabajo que realizó la Comisión de Seguridad encabezada por el asambleísta Ramiro Narváez, indicó que, si bien antes se trabajaba con reglamentos, “hoy solo tener Ley ya es una fortaleza”.  Manifestó, además, que “el uso progresivo de la fuerza no está dirigido o relacionado con la visión de orden público, sino para el combate a la delincuencia”.

Señaló que hay dos aspectos que, a su parecer, sí ameritan una revisión: el primero, que el mando superior será el responsable del accionar de los uniformados. “Esto paralizará a los mandos, tendrá una repercusión muy fuerte en el comportamiento del uniformado”; y el otro, es que únicamente cuando se concrete la amenaza se podrá hacer uso progresivo de la fuerza. “No se puede esperar que el policía reciba el impacto para reaccionar”.

En cuanto al uso de canes y caballos por parte de la Policía del Ecuador, el secretario de Estado señaló que son elementos disuasivos. Manifestó que el tema se observa desde una visión de orden público y no desde su propósito real que es el combate a la delincuencia organizada.

Juicio político

En referencia al juicio político que se desarrolla en la Asamblea Nacional, refirió que en democracia una mayoría parlamentaria puede reunirse y alcanzar los votos. Sostuvo que él se quedará con la confianza de los ciudadanos y de la institución. “Me quedo con el trabajo profesional que hizo la Policía Nacional. Las directrices fueron emitidas puntualmente. Yo defenderé la legalidad de los procedimientos de la Policía”.

Informe de Contraloría

Sobre el informe de Contraloría, respecto al patrimonio de generales de la Policía Nacional, indicó que solo uno en servicio activo tiene un desfase en sus finanzas por USD 25000. “Del resto de oficiales ya no se dice nada, por tanto, descartaría la posibilidad que al interior de la Policía existan narcogenerales”.

Asimismo, indicó que desde la posesión del presidente la República se han cambiado dos mandos policiales en los cuales ya pudo haber depuración. (…) Da fortaleza porque las pruebas de confianza sí tienen una efectividad (…) El mando actual está legitimado”, señaló. A la vez, indicó que será el Consejo de Generales quien tome una decisión respecto al General en servicio activo.

Problema carcelario

El ministro destacó que el Gobierno ha presentado una política de rehabilitación social que respeta los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que además ha acogido recomendaciones y observaciones de organismos internacionales y de la academia.

Indicó que se trabaja en la incorporación de talento humano, formación de agentes penitenciarios, en la reducción del hacinamiento, que pasó de 38000 a 32000 personas privadas de libertad, indultos, censo penitenciario, entre otros temas, apuntó que si bien estos aspectos no les corresponden ni a la Policía ni al Ministerio del Interior consideran que, si el problema de las cárceles no es resuelto, la inseguridad continuará.

Finalmente, sobre las mesas de diálogo que lleva adelante el Gobierno con el movimiento indígena, el ministro Carrillo indicó que espera transparencia y sostuvo que propondrá la posibilidad de que las guardias indígenas funcionen en colaboración para garantizar la seguridad en esos territorios, desde su cosmovisión.