Más de 1.000 efectivos de Policía Nacional y Fuerzas Armadas combaten la minería ilegal en Orellana

Boletín de Prensa Nº222
Quito, 5 de mayo de 2023
El Gobierno Nacional continúa firme en su lucha contra la minería ilegal, una vez que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró a este delito como una amenaza para la seguridad integral de la nación; es así que en un trabajo conjunto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) ejecutaron el operativo interinstitucional «Manatí III», cuyo objetivo es neutralizar y judicializar a las personas y materiales que son utilizados para actividades ilícitas de extracción de recursos mineros de manera ilícita.
El operativo se realizó el pasado jueves 4 de mayo en la provincia de Orellana, en el sector de San José de Guayusa, en las comunidades de San Lorenzo, Sinchiwaira y Musulla, localidades donde se explotaría material aurífero de manera irregular.
Cabe anotar que mediante resolución adoptada por la Arcernnr se obtuvo las autorizaciones jurídicas administrativas correspondientes para proceder mediante el uso de material explosivo con métodos de detonación controlada y técnica; a inhabilitar, inmovilizar o destruir la normal operación de los bienes, equipos, maquinarias y vehículos utilizados en minería ilegal.
Resultados del operativo
En la operación que continúa en desarrollo participaron cerca de 1.000 uniformados de Policía y Fuerzas Armadas, durante el proceso se ubicó y decomisó 34 excavadoras, siete clasificadoras tipo z, 3.150 galones de combustible, ocho armas de fuego, cuatro generadores de energía, material aurífero, bombas de agua, motocicletas retenidas, entre otras evidencias que eran utilizadas para el cometimiento de este delito. Las evidencias, al momento, se encuentran bajo custodia policial y se puso en conocimiento de la autoridad competente.
Esta intervención que fue articulada por la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi), presidida por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas evitará que continúen las afectaciones ambientales e hídricas que causan daños ambientales graves o permanentes a la naturaleza.