Boletín Nº244

Quito, 13 de junio de 2023

La tarde de este martes, el ministro del Interior, Juan Zapata, participó en la Mesa Interinstitucional sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen, que la lidera el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.

En la cita se trató sobre la aplicación de la Resolución 7-2023, que en lo sustancial determina que los procesos penales posteriores al 9 de diciembre de 2022, relacionados a los delitos de crimen organizado y corrupción, deberán ser tratados por la Unidad Especializada dedicada a estas temáticas.

“Incluso si uno de los procesos se tramita ante un juez o tribunal de otra sección, hoy, con la vigencia de la Resolución, el juez tiene la obligación de inhibirse del conocimiento de la causa y pasar el expediente a los jueces anticorrupción”, señaló Saquicela.

En tanto, el ministro Zapata manifestó que el fin y el objetivo de tener jueces especializados en corrupción y crimen organizado es el soporte fundamental que necesitaba la Policía Nacional. “Nosotros hemos presentado problemas en territorio que han complicado la investigación judicial, porque hay jueces que no le facilitan a la Policía órdenes de allanamiento u órdenes judiciales para seguimiento y vigilancia”, señaló.

Dijo, además que la información que puedan proporcionar los jueces permite la operación adecuada de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin embargo, en varios casos se han complicado investigaciones policiales dando paso a la impunidad.

“Esta Resolución en el ámbito investigativo y operativo permite luchar contra el crimen organizado. Mañana haremos la socialización con los equipos investigativos que tienen relación directa con la Fiscalía para que conozcan el nuevo procedimiento”, expresó.

Trabajo coordinado

La Resolución establece que, en caso de delitos flagrantes cometidos en cualquier parte del país, vinculados a temas de corrupción o crimen organizado, solo los jueces anticorrupción con sede en la ciudad de Quito, podrán tratarlos. En un trabajo coordinado la Policía y la Fiscalía deberán gestionar para que los partes policiales, pedidos o procesos penales, si fuera el caso, lleguen a los magistrados antes mencionados.

En la cita de seguridad estuvieron presentes, además, el ministro de Defensa, Luis Lara, el subcomandante de la Policía, Manuel Iñíguez, el subsecretario de Seguridad, Wagner Bravo, representantes de juezas y jueces del país, y otras autoridades de Estado.